Capítulo: Renato, 19516

Capítulo: Renato, 19516

junio 03, 2016
Por María Teresa Carbajal Vázquez
“Debo no niego, pago lo justo” *Capítulo: Renato, 19516

Esta semana hubiera querido que el caso para exponer y reflexionar, no tuviera que ver con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Se me olvidó de pronto que hasta el mes de julio del año pasado, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Veracruz, nos informaba en relación al recurso de revisión que dio origen al expediente IVAI-REV/767/2015/II, del índice del Instituto Veracruzano del Acceso a la Información, que existían en trámite en el estado de Veracruz 28 mil 074 juicios promovidos por el Infonavit.

Esto es, casi 30 mil familias involucradas en juicios radicados en tribunales de Veracruz por cuestiones de cobranza. Cifra que desde luego, no incluye a aquellas personas próximas a ser demandadas por el instituto, o en procedimientos de “mediación” como es el caso de Renato.

Renato contrató en el año de 1994 un crédito hipotecario con el Infonavit. En aquel entonces le prestaron 85 mil pesos, pagó puntualmente hasta el año 2000; y de ahí, hasta el 2011 realizó sus pagos pero no completos y no puntuales. Lo que derivó en que en ese mismo año la apoderada de Infonavit lo citara al entonces Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, también conocido como Cemco. Y hoy denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, cuyas siglas son Cejav.

Ahí, Renato y su esposa firmaron un convenio de “reestructura de su adeudo”, en el cual, reconocieron un adeudo por más de 450 mil pesos (cantidad que ni siquiera estaban seguros de adeudar).

Aceptaron que los intereses adeudados a esa fecha se capitalizaran, y por tanto, esos intereses generarían más intereses; además aceptaron capitalizar las mensualidades vencidas; así mismo aceptaron (para el caso de incumplir con tres pagos del convenio) ser requeridos de pago para dar cumplimiento en el término de cinco días al pago total del adeudo, y estuvieron de acuerdo en que para el caso de no poder hacerlo, su propiedad ya hipotecada fuera llevada a remate y/o, en su caso, se adjudicara al instituto; y que además no se reservarían acción legal qué deducir con motivo de dicho convenio.

¿Quién, y por qué acepta un convenio en circunstancias tan desfavorables a sus intereses? Un deudor de buena fe, desesperado por querer resolver su situación y encima, asustado de haber sido citado a una instancia cuyo domicilio es el mismo edificio que ocupan los juzgados, lugar al que en la mayoría de los casos acude sin asesoría legal y en el que está a “merced” de verdaderos cobradores que manejan un impecable discurso persuasivo, y que les ofrecen “beneficios” si firman el convenio, que por supuesto no son plasmadas en el documento.

¿Y por qué lo hacen así los despachos de cobranza? Para evitarse todo el trámite de un juicio. Ahorrarse tiempo, dinero, y esfuerzo; pero privando a los deudores de ser oídos en juicio y tener una defensa justa.

Debemos tener claro en primer lugar que la Justicia Alternativa es un procedimiento voluntario, y que la finalidad de ser asistidos por un mediador es llegar acuerdos que satisfagan a ambas partes, por lo que de ningún modo la Justicia Alternativa debe favorecer a una sola de las partes.

Es válido hacer uso de esta institución para evitar procesos judiciales largos y lograr acuerdos de manera sencilla, rápida, y pacífica. Sin embargo; en plena época de renovación de los pilares del sistema de impartición de justicia, motivada por la reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue pronunciada en junio del año 2011 a través del principio de máxima protección a los derechos humanos por parte de las autoridades, quienes de conformidad al artículo primero constitucional, tercer párrafo, deberán velar por la protección de los derechos humanos, o dicho de manera textual: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”.

Ninguna autoridad puede ni debe ser simple espectadora de la redacción del clausulado de los convenios que se celebren en el ámbito de sus competencias, sobre todo porque los mismos, una vez firmados por ambas partes adquieren la fuerza legal y la categoría de sentencias. Y en el caso concreto de la Justicia Alternativa, cuando firma, el deudor ya no tendrá el derecho de ser oído por un Juez; perderá el derecho de ofrecer pruebas; de designar a un abogado que lo represente, e incluso de gozar de las reglas procesales y por tanto de los recursos a que la ley concede derecho en caso de sentirse agraviado por un auto de autoridad.

Por eso debe siempre acudirse asesorado adecuadamente. ¡Es tiempo de estar informados, y de luchar con valentía en contra de cualquier abuso! Contacto elbarzonrc@yahoo.com.mx

junio 3, 2016 / Columna Semanal

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