No se entiende quién o quiénes están detrás de los despachos de cobranza que siguen liderando y marcando las reglas de negociación de los acreditados de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), conocida por todos como la Financiera Rural o la financiera del campo.
Pues los titulares de créditos con proceso judicial, para poder acceder a la firma de los convenios de pago del Programa Específico para la liquidación del Organismo Público Descentralizado (FND) —liquidación a cargo del Indep (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado)—, tienen que conseguir y depositar veinte mil pesos en una sola exhibición al despacho de cobranza que les indiquen los funcionarios jurídicos del Indep.
Sin esos veinte mil pesos, los acreditados del campo bajo proceso judicial, que resultaron beneficiados con descuentos en sus saldos contables, no pueden acceder al programa federal para liquidar sus créditos y tampoco recuperar sus garantías, en los términos que lo dio a conocer la Presidenta de la República el día cinco de mayo de este año. Anuncio que fue acompañado, apoyado y explicado el mismo día por Mónica Fernández Balboa, quien es la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
En la explicación que dio la directora del Indep, recuerdo la gran alegría que recibieron en los hogares de los pequeños y medianos productores al enterarse de que, por fin, y después de tres años de calvario judicial y de incertidumbre jurídica, se pondría fin a la espera de una respuesta gubernamental en forma de solución a las exigencias de pago justo, que se reclamó desde aquel 29 de mayo de 2023, en donde, de igual manera, se hizo pública la extinción de la Financiera.
Sobre todo, porque una de las principales líneas de la exigencia pública que se hacía de parte de los acreditados al Gobierno Federal y, de manera muy concreta, al Indep, era poner un alto a los abusos de los despachos de cobranza que, desde antes de la quiebra o extinción de la financiera, aterrorizaban a los acreditados con demandas, embargos y remates de las tierras o propiedades que habían quedado como garantía de los créditos impagables.
Desde aquel entonces se acusaba ya el exceso y los abusos que, en algunos casos —decían quienes los padecieron—, llegaban hasta la extorsión.
No obstante las acusaciones —como también se dijo entre 2023 y 2026—, curiosamente el Indep, lejos de deslindarse de esos despachos de cobranza, volvió a recontratar a los mismos abogados y despachos, pero para representarlos ahora a ellos como liquidadores en sus labores de cobranza judicial. ¿Pues qué no había otros?
Así, cuando por fin, en mayo de este año 2026, la directora del Instituto anunció el programa de condonación en algunos casos y de liquidaciones con descuentos en otros, ya fuera que se tratara de casos con proceso judicial (demandados) o no demandados, siempre y cuando no se encontraran en adjudicados, hizo hincapié en que ¡no más intermediarios!, y ¡no más despachos de cobranza!
¡Puff!, muchos soltaron un gran suspiro de alivio, pues ¡por fin se hacía justicia!, justicia social y justicia jurídica, de pago justo. Y de no tener que tratar más con los mismos, cuyos honorarios habría que pagar antes de llegar a cualquier convenio.
Así, la buena noticia y la información la confirmaba el Diario Oficial de la Federación de fechas cinco y seis de mayo y dieciocho de septiembre del año 2026. Lamentablemente, el gusto no duró mucho, pues ahora resulta que los acreditados no pueden llevar abogados a que revisen los convenios que van a firmar, ni se les permite la revisión de los mismos con anticipación.
Pero eso sí, antes que nada, (y primero que todo), hay que pagar los honorarios de esos abogados y de los despachos de cobranza que llevaron los casos: veinte mil pesos, en una sola exhibición, y sin eso no hay derecho a convenio.
Entonces, ¿el Indep sí tiene intermediarios? El tema preocupa, pues el programa debía cerrarse o concluirse a fines de septiembre; sin embargo, se ha concedido una extensión del plazo al mes de octubre, pero en lo que llevamos de ese plazo apenas se han firmado las solicitudes. Los convenios no están disponibles para los acreditados, no se les permite revisarlos antes, sino hasta el mero día de la firma, con la excusa de que no hay cambios en la redacción, y es firma o firma.
Quienes han visitado las oficinas del Indep, (siendo acreditados con derecho a convenio), me refieren haber tenido la impresión de que hay un ‘verdadero relajo’ en el papeleo.
¡Y peor aún!, que aquellos que no estaban demandados y que no tenían por qué pagar a los despachos de cobranza, ahora, en este tiempo de la vigencia del programa, sirvió para que fueran demandados y así poder justificar el pago de los veinte mil pesos, aun y cuando nunca han recibido la demanda y a pesar de que ya habían firmado su adhesión al beneficio del descuento. ¿Pues de qué se trata?
En aquella ocasión que la directora del Indep visitó Veracruz y acompañó a la gobernadora Rocío Nahle, manifestó que Veracruz es el estado que mayor número de créditos tuvo con la Financiera. Por eso, desde aquí, levantamos la voz para que le eche una revisada a lo que está sucediendo en este caso y ponga un alto o una solución justa de pago.
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