Por supuesto que me da mucho gusto que los senadores hayan frenado el tercer intento legislativo de hacer Ley la Cobranza Delegada; pero ¿cuál es la historia detrás de este asunto que nos incumbe a todos?
Antes de continuar, quiero en primer lugar reconocer y reconocernos a todos, la clase trabajadora, la forma en que hemos manejado y entendido esta iniciativa de ley, porque a diferencia de otras leyes, lo decía la semana pasada con la del Infonavit, esta sí nos ha quedado clara y hemos defendido nuestra postura, casi al unísono, ¡no a las tiendas de raya!, ¡no al secuestro de las nóminas!, ¡no al embargo del salario!
Claro, siempre habrá detractores, los nocturnos confundidos, que nos responden, ¡pues paguen!, quizá un poco de lectura a fondo de los casos, les dé luz, sobre la materia de nuestro reclamo.
¿Qué pedimos?, que los créditos solicitados se paguen de forma justa y legal, sin afectar nuestra subsistencia. Que los descuentos recibidos no excedan nuestra capacidad de pago, y sobre todo, que se acaben las prácticas mañosas y arbitrarias de las financieras, que también lo decía hace unas semanas, ya no son un gremio, ¡son un reinado!
¡Ya ni los bancos se atreven a tanto! Un día, los voy a invitar al Barzón para mostrarles un contrato, las cláusulas que imponen a los acreditados, rayan no en la ilegalidad, sino en el descaro; esas cláusulas son ilegales, inmorales y abusivas.
Es imposible comenzar a leer un contrato, sin pasar de la risa, a la angustia, al enojo, y caer en la desesperación, de que no te la crees que hayas firmado o aceptado hacer todo eso, por unos cuantos pesos. En serio.
No solo se trata de usura, se trata de que no puedes liquidar antes, te atrapan con reestructuras en donde las propias Sofomes, te prestan y luego se cobran, y luego te prestan para pagarse, y así; en una espiral interminable de trampas y mentiras.
Un aspecto de retroceso en esa ley de Cobranza Delegada, quizá el más grave, es la irrevocabilidad de la orden de descuento. A ver, no me atrevo a decir que vivimos una época en donde se respetan los derechos humanos, porque son pocas las muestras de éxito de casos en donde triunfan las víctimas. Pero sí, es una época en la que se habla mucho de derechos humanos.
Y la irrevocabilidad de un descuento a la nómina, es un grave atropello a nuestro derecho a la libertad de disponer de nuestro propio salario; no es querer eximirse de la obligación de pagar, o decir, “pido que me dejen de descontar, para así dejar de pagar”, por supuesto que no.
Pero sí, es decir, a “mí me conviene pagar mediante el descuento a mi nómina”, o “ya no me conviene que me descuenten directo de la nómina”. Ya sea porque cambien tus necesidades, o porque simplemente optas por una forma diferente de pagar.
Hablar de derechos humanos, es reconocer que somos libres de disponer de nuestro sueldo, sin tener una atadura con nadie, y menos que esa atadura sea eterna. Porque ese es el principal problema, el que ha provocado los abusos a los trabajadores.
El que las financieras se sientan las dueñas de tu dinero, porque te arrebatan la libertad de cambiar de opinión; es cierto, si se afecta un derecho humano se afectan todos los demás, tu dignidad, tu salud, tu vida familiar, todo.
Para pronto, ya hasta el matrimonio es un contrato revocable, ¿a poco no? Basta con que digas que ya no deseas estarlo, esté o no esté de acuerdo tu cónyuge. Eso sí, siempre cumpliendo los compromisos generados, pensiones alimenticias, reparto justo de los bienes de la sociedad conyugal, etcétera. ¿Cuál es la lógica entonces de la irrevocabilidad, que nos quieren imponer las nomineras?, ¡pues esclavizarnos a ellos! Justo, por eso decimos que son tiendas de raya porfirianas.
La verdad detrás del mito, es que estos créditos en la práctica, ya existen. Justo hace una semana, el Barzón declaraba en Veracruz una alerta por la reactivación de los descuentos, a los trabajadores de la nómina gubernamental.
Por eso, hoy más que nunca urge regularlos, es decir, sí necesitamos ley de cobranza, pero no con el escenario que la plantean los de ahora; sino con uno que nos sirva a todos, que proteja y dé herramientas a ambas partes para que el crédito funcione. Sí se puede. Pero es cuestión de conocimientos y voluntad legislativa.
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