A como están las cosas en el país pega más una ley que tenga como idea central ir a explorar el planeta Marte, para poner allá un centro de distribución de café, que hacer una ley que proteja a los adultos mayores de los embargos amañados.
Como todos sabemos, por mandato constitucional y por política social hoy en día existen las Pensiones del Bienestar, apoyos sociales instituidos para que nuestros adultos mayores puedan tener una vida tranquila, con menos sobresaltos económicos, pues les alivia un poco las apuraciones económicas para contribuir a su sustento diario.
Es decir, en algunos casos les evita ir a trabajar para ganar el alimento y en otras, contribuye a complementar su gasto; como sea la forma en que decidan usarlo, para sus medicinas o algún gusto extra, si se trata de aquellos que cuentan con una pensión jubilatoria, o ingreso adicional la pensión del bienestar sirve.
Desafortunadamente, esto lo saben muy bien las financieras y seguramente también los acreedores abusivos, o personas físicas o morales que en algún momento tengan un derecho de cobro que reclamar a un beneficiario de estos apoyos sociales.
Y lo afirmo porque no son pocos los casos, aunque sí en su mayoría anónimos, y en muchos otros silenciosos, de personas que por ‘angas’ o ‘mangas’ han tenido que ver con SOFOMES (financieras) de esas que sobreabundan, y con las que han solicitado un préstamo.
Financieras las cuales, haciendo un uso indebido de las leyes y de las instituciones, con mentiras y simulaciones han llevado sus cobranzas a los tribunales, para que, usando el poder autónomo y ejecutivo de los “pagarés”, se les facilite obtener órdenes judiciales de embargos para congelar, retener o inmovilizar el dinero depositado en cuentas bancarias, incluido el del Banco del Bienestar.
De esta manera se priva a los demandados de su dinero, para obligarlos a negociar sobre deudas infladas, con mala fe y abuso, ya lo decíamos en el episodio pasado, en este espacio con el caso de María de Jesús.
Antes de ella, en el mes de febrero de 2025 dimos a conocer el caso de Myrna, una mujer de 68 años quien fue el caso cero detectado en Veracruz, por embargo de su pensión del bienestar.
Y gracias a cuyo expediente pudimos documentarnos sobre la estrategia de ofensiva usada por las financieras, y del vacío legal usado en contra de más personas en el estado de Puebla y en la Ciudad de México.
Desde entonces iniciamos acercamientos con el Senado de la República y el Congreso de Veracruz, con la finalidad de promover una modificación constitucional que protegiera los apoyos sociales, al percatarnos de la urgencia de un blindaje constitucional.
También tocamos la puerta de la Delegación Estatal de Programas del Bienestar de Veracruz, para pedir apoyo en el impulso en esta iniciativa, e hicimos un exhorto público a los tribunales porque este caso debe resolverse con perspectiva de género y considerando la edad avanzada de Myrna.
En resumen, y a siete meses de aquella fecha hemos notado un profundo desinterés en los que cobran por hacer leyes que protejan al pueblo, a quienes no ha importado que los programas sociales están siendo secuestrados por financieras usureras que, con mentiras y deudas simuladas les quitan su dinero a nuestros adultos mayores.
A la par seguimos peleando en tribunales, donde el caso se encuentra en fase de excepciones procesales; no obstante, en fecha 26 de junio, ya se logró cancelar el embargo precautorio sobre su pensión jubilatoria y de la del Bienestar, pues el propio juez concedió dejar sin efectos la orden de inmovilización de las cuentas bancarias especificadas, subsistiendo la orden sobre las demás. Ello no es una determinación en definitiva pues el caso continúa.
Y en sintonía con lo anterior el pasado 24 de septiembre el Barzón hizo de nueva cuenta un llamado a los legisladores federales y locales, para que se frenen los descuentos del cien por ciento a la Pensión del Bienestar.
Esto solo será posible con la modificación al artículo 4º constitucional para adicionar el párrafo de inembargabilidad de los apoyos sociales, para asegurar que nadie pueda secuestrar los apoyos sociales en el país, solo así tendremos garantías de que los grupos más desprotegidos tengan acceso a una vida digna y a un efectivo bienestar.
Y ese es el origen de lo que llamamos la Ley Myrna por ser el caso cero detectado en Veracruz, y porque Myrna continúa con la frente en alto, en lucha y en resistencia, para que tarde o temprano esta ley vea la luz y sea de beneficio para todos.