El título de crédito que reina desde hace cien años en el mercado de los préstamos es, sin duda alguna, el pagaré.
Proveniente de una tradición comercial antigua y arraigada, este documento legal, conocido por muchos y temido por pocos, ha cobrado tantas vidas como un ataque terrorista de los recientes.
Quién diría que, en tan pocas palabras como las que se contienen en la leyenda “debo y pagaré incondicionalmente a la orden de…”, se redacta la única sentencia inapelable de cualquier sujeto de derecho que se someta a un tribunal de justicia civil.
Una sentencia que incluso se da por válida sin ningún tipo de formalidades ni arreglos legales específicos; y es la única sentencia previa a un juicio, a diferencia incluso de aquellas de orden criminal, pues en éstas se presume a priori la inocencia de los enjuiciados. Esa promesa es irrevocable y se tiene por legítima hasta que se pruebe lo contrario.
Ya en juicio, existe un límite muy reducido de opciones válidas de defensa para un suscriptor (quien otorgó su firma), ya sea como deudor o aval. Y esto obedece a que otro de los grandes problemas de su uso son las muchas limitantes legales para oponerse a su cobro y la escasa doctrina que hay al respecto, lo que ha permitido el uso indiscriminado de los pagarés.
Favoreciendo que no sean solo los agiotistas comunes (personas físicas), sino los prestamistas formales, supuestamente regulados, quienes usen de manera abusiva estos instrumentos de esclavitud, no solo para generar muchos intereses para una deuda, como se le conoce a la usura, sino para simular o fabricar deudas.
El problema no es minúsculo y, como muchos otros temas que involucran dinero o finanzas personales, nos atañe a todos, pues, tras esta cortina de humo de ser entes regulados —semi—, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, las Cajas de Ahorro y todos aquellos integrantes del sector hacen de las suyas con la necesidad económica de las personas, que les entregan su confianza como clientes o como socios, respectivamente, según sea el caso.
¡El pagaré debe salir de circulación en las operaciones de crédito si no tiene una regulación para cada caso, o condicionarse su uso a los contratos que le dan lugar, y siempre y cuando vengan estos acompañados de los comprobantes de dispersión, depósito o pago de los créditos!
Me explico: el reclamo surge a raíz de que, tal como está, con todas esas lagunas y la obsolescencia que le ha sobrevenido por usarse para cualquier préstamo, se ha convertido en el móvil de un crimen perfecto para quienes, desprotegidos por las leyes, firman en blanco porque así se los solicita el acreditante y extienden a este una promesa incondicional (e irrevocable) de pago a su acreedor, sin haber recibido la suma que se consigna en el pagaré. Esto ocurre porque, debido a ciertas características —como la autonomía (no importa el contrato que le dio origen) o la literalidad (solo vale lo que está escrito)—, es prácticamente imposible echar abajo esa orden o promesa de pago, que alguien emitió incluso por lo que no debe o por lo que no se le prestó.
Afino el punto. El problema de los pagarés no es el documento en sí, sino el uso que se le está dando por parte de los prestamistas, aprovechando la permisividad legal y lo robusto de su naturaleza, prácticamente indestructible ante cualquier posible queja o escenario.
Es momento de pensar en replantear, desde el legislativo, el uso concreto que debe tener este documento, no en el futuro, sino en el presente; pues, de no revisarse, se perpetuarán los abusos cometidos en nombre de la ley, aprovechando la ignorancia o la extrema necesidad en favor de quienes, con unos cuantos requisitos y sin vigilancia estricta, destruyen el patrimonio, la dignidad y la vida de las personas.
No bastan las advertencias a los usuarios: aquellas dirigidas a hacerles ver que no debe firmarse en blanco, o a culparlos, o a revictimizarlos por no conservar una copia del documento.
Son las instituciones las que deben regular estas malas prácticas de los agiotistas de cuello blanco, que rayan en lo ilícito. O se seguirá burlando la historia de todos aquellos que hablan de derechos humanos y garantías constitucionales, mientras permiten que la voracidad de unos cuantos y el cobijo de la impunidad atropellen diariamente a quienes, por necesidad, hacen uso de créditos.
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