El pasado martes cinco de noviembre fue desechada por el “volteón” del ministro Pérez la ponencia del ministro González Alcántara que planteaba el último intento de echar abajo la reforma judicial, mediante la discusión de la constitucionalidad de la misma.
Después de 500 amparos, suspensiones, amenazas de sanción, un paro nacional de labores del Poder Judicial de la Federación, y una propuesta desechada para discutir la constitucionalidad de la cuestionada reforma judicial, ha quedado firme la decisión de que en adelante los jueces, juezas, magistrados y magistradas federales serán elegidos mediante voto popular.
Comprendo que la lucha judicial por exponer a la ciudadanía, al pueblo, las razones de su razón, para buscar en ellos el apoyo o por lo menos la empatía, hacia el por qué esta reforma afecta a los justiciables, fue fuerte, sin embargo, no quedó entendida.
Los jueces no son simpáticos, no tienen que serlo. Y en el anecdotario social sobran los casos de jueces corruptos, vendidos, coludidos con los malos y, desde luego, los que dejan todo en manos de aprendices, y fiados en formatos y un catálogo amplio de jurisprudencias y causas de sobreseimiento hacen esfuerzos vigorosos por disminuir la carga de trabajo.
Me consta el caso de muchos que sí estudiaron, que fueron estudiantes de alto rendimiento que pasaron todos los exámenes y que además de eso, tienen social y éticamente una conducta intachable. Pero ellos no fueron vistos, se echó mano de los otros al momento de escribir el discurso de cambiar a todos para escoger a los buenos.
Estableciendo el método del voto popular, como para que no haya dudas de la buena conducta e incorruptibilidad de los que serán en adelante los jueces de amparo, ¿a poco sí?
Bueno, pues en esto terminó la historia. Pero ahora sí viene lo bueno, las cosas deben cambiar para bien, porque ya no habrá excusas.
De mientras y en este país de fantasía y de realidades paralelas en donde lo legal, lo ilegal y lo no legal es posible, siempre y cuando lo pidan las personas correctas, observamos que la llegada de la justicia para los justiciables, sigue siendo un anhelo lejano a conseguir, incluso de aspirar.
Se acuerda del caso de la magistrada local veracruzana que vive en el Olimpo, en su oficina climatizada y sin que le pegue el sol, con peinado de salón y ropas acordes a su estilo.
Aquella que decidió en un caso en particular, que el Registro Estatal de Peritos solo sirve para cuestiones administrativas, pero no para autorizar o certificar a los profesionales que puedan actuar en auxilio de la administración de justicia, ello a pesar de que la propia norma lo dice.
Sí, aquel caso que, ante el impago de una deuda, el acreedor fue a la vía especial hipotecaria a reclamar el pago, y que una vez tramitada la vía se llegó al remate, sacando a la venta un bien al valor de un avalúo que no fue hecho por un perito autorizado, como lo precisa el código procesal civil, afectando la legalidad del proceso y el derecho humano del deudor a la propiedad privada.
Caso sometido a su consideración en vía de recurso de apelación para echar abajo la ilegal adjudicación y obtener la reposición del procedimiento.
Lejos de decretar la ilegalidad del avalúo por carecer de la autorización del valuador para rendir el peritaje, se limitó a evidenciar el hecho de que el deudor tuvo el derecho de ofrecer su propio avalúo y no lo hizo. Es largo de explicar, pero el caso sometido a estudio versó sobre la falta de revisión de la legalidad el proceso de remate, en donde alguien que no puede pagar una deuda, debe ser protegido por las leyes para que el bien se venda al mejor precio posible.
El caso ya está en amparo, pero al redactarlo, justo en estos días de la reforma, no dejaba de pasar por mi mente el estado anímico con el que los desamparados ahora van a valorar y a resolver estos casos arbitrarios si ellos mismos fueron víctimas del atropello de los poderosos.
Pues ahora sí, como siempre le digo, ¡que Dios nos ampare!
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@terecarbajal