Si no sabe en qué país vive, o todos los derechos que tiene como persona le invito a leer completo el texto del Artículo Cuarto Constitucional; solo hay dos reacciones posibles después de leer senda declaratoria universal, ganas de reír o ganas de llorar.
En el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, esa misma que acabamos de festejar el pasado cinco de febrero (Día de la Constitución) encontramos -por citar algunos- el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, para uso personal y potable, el derecho a la vivienda, a la cultura física, al deporte, el derecho a vivir libre de violencias.
Y en la parte que nos interesa, el derecho de las personas en edad adulta mayor para recibir una pensión no contributiva, en los términos que fije la ley, también se refiere a las pensiones y pagos que deben recibir por parte del Estado las personas con discapacidad permanente, y a las becas de las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.
A ver, el texto concreto en el caso de las personas en edad mayor, es el siguiente, “Las personas adultas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley”.
Términos similares se leen en las demás obligaciones del Estado impuestas por el legislador para garantizar que todas y todos los que encuadren en los supuestos de edad adulta mayor, a partir de sesenta y cinco años cumplidos; con discapacidad y/o las becas, puedan llegar a sus destinatarios.
Siendo este el motivo por el cual se reciben, a texto expreso de la Constitución, el que de manera periódica se paguen esos apoyos a los beneficiarios conforme a la norma. No obstante al legislar, se le fue el “candado” al constituyente. Pues no amarró con letra, el hecho que esos apoyos sean intocables.
Es decir, garantizar que nadie pueda “interceptar” ese dinero, destinado al fin primordial de combate a la pobreza, y para ayudar a los beneficiarios a superar los obstáculos que les impiden llevar una vida digna, en torno a sus necesidades más primordiales. Pues por eso, es apoyo social.
¿Y en qué consistiría el candado que debieran tener los pagos de apoyos sociales? En declararlos inembargables. Para que nada, ni nadie, pues ser intermediario entre el Estado y sus beneficiarios.
Tampoco lo dicen las leyes secundarias, no hay a la fecha una Declaratoria de Inembargabilidad sobre estos.
Y eso qué ha provocado, que ahora las financieras principalmente, puedan tomar de ahí, de esas cuentas abiertas en el Banco del Bienestar para hacer sus cobros de deudas, que incluso aún no quedan jurídicamente demostradas.
Pues no se trata de la deuda en sí, sino de cuentas “infladas” a placer, para cobrar lo que no se adeuda; partiendo de un sistema financiero criminal por la desregulación o insuficiencia de, en donde los colocadores de crédito hacen lo que quieren con sus clientes.
Ya lo vimos con el tema de la cobranza delegada, en donde, aunque no haya ley, la aplican. Pues de qué otra manera alguien puede disponer del sueldo de un trabajador, sin que haya forma de quejarse.
A casi mediados de febrero de este año, circuló en redes sociales el caso de nuestra compañera Myrna, quien de forma valiente y decidida decidió dar la cara por todas las personas en edad adulta mayor, que son víctimas silenciosas de los atropellos de las financieras; al denunciar su caso a la opinión pública.
Demostrando con papeleta en mano, que su pensión del Bienestar reporta saldo en ceros, desde fines del año pasado, hasta cubrir la exorbitante suma que le reclama la financiera en un tribunal.
Como precedente, consta un oficio de cumplimiento de la excesiva orden judicial, firmado por autoridad competente del área jurídica del Banco del Bienestar, dando la comunicación oficial de que el mandato de retención del dinero, ha quedado cumplido.
Y todo por falta de una ley que proteja ese ingreso, con el cual, Myrna y millones de adultos mayores quedan a expensas de los abusivos, para que sus cuentas sea “rehenes” y accedan a firmar o a confirmar el abuso, con acuerdos en donde saldrán afectados ellos y con ventaja los poderosos.
A consecuencia del reclamo, hemos seguido con la exigencia del reclamo social para que los legisladores actúen, ¡basta de politiquería!; esta es la política que necesitamos, la social. ¿O qué es lo que no entienden?
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