El pasado 26 de abril el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por mayoría la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) antes Financiera Rural, dejando al campo hipotecado y a los productores en una incertidumbre jurídica innecesaria en aras de una austeridad republicana que adolece de lo mismo que acusa: corrupción y deshonestidad
Ha llegado el momento de tener que llamar a las cosas por su nombre, y hacerlo con valor, sin miedo al juicio de la justicia pues, segura estoy, el tiempo nos dará la razón. La Financiera no debe desaparecer sin antes evaluarse y tomar las previsiones necesarias sobre la cartera vencida, y más antes, sobre su adecuada operatividad.
Acusada de ser un organismo atrofiado, e incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural para mejorar el nivel de vida de la población, con costos de operación caros y benefactora de unos cuantos, se trata de justificar su extinción.
Pero con la consigna de por medio de hacerse de sus recursos y de donar sus bienes, derechos y obligaciones a favor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (así se lee de la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto que fue enviada a la Cámara de Diputados); se advierte una intención no de resolver sino de aprovechar la crisis de una institución que dejó de operar con honradez y justicia.
Por ejemplo, se anuncia que el objetivo principal de la extinción de la Financiera será entregar los recursos directamente a los beneficiarios sin intermediarios y sin gastos de infraestructura, ello a través de programas que al día de hoy operan en la opacidad y que de sobra se sabe, no funcionan.
Se habla también de sumas millonarias, 8 mil millones de pesos en cartera vencida y altos costos de recuperación; pero no se dice qué va a pasar con las personas acreditadas con garantías hipotecarias y voluntad de pago que creyeron en la buena fe de los arreglos que se ofrecieron a pesar de haber anunciado ya su cierre de operaciones y accedieron a hacer pagos. Convenios en su mayoría telefónicos o verbales, que la financiera se negó a respaldar alegando que se trataba de documentación interna y privada del organismo, pero de los que sí recibió “pagos de intención” que fueron depositados a una cuenta concentradora de la Financiera y no al crédito en sí.
¿Dónde estará ahora ese dinero, y cómo identificarlo, si no hubo recibo, ni convenio, ni acuerdo de por medio? ¿Quién va a cancelar ahora esas hipotecas, pagadas, o serán donadas al mismo pueblo desconociendo a los verdaderos dueños? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué no acceder a la convocatoria de foros y espacios de diálogo con los que resultarían afectados? Por qué no consultar al pueblo ofendido y robado durante años? ¿Por qué tomar decisiones en lo oscurito y negarse a abrir a debate el tema con los agricultores, ganaderos y demás integrantes del sector como se les vino solicitando.
Peor aún, qué pasará con aquellos productores que confiando en la banca de desarrollo optaron por créditos que si bien firmaron en aceptación hipotecando sus tierras a la fecha no han recibido, ni recibirán de manera completa los fondos prometidos. Quiénes son los beneficiarios de la corrupción que alegan en la Exposición de Motivos de la iniciativa; y por qué no hay denuncias de por medio, o alguien en la cárcel para prueba de lo que se dice.
Son muchos los cuestionamientos que se ciernen en torno a la desaparición exprés de la Financiera, sobre todo porque en diversos estados de la república siguen recibiéndose demandas de cobranza y ejecuciones de embargos de tierras.
La Cámara de Senadores debe analizar de fondo la operatividad de la financiera y tomar las medidas adecuadas para garantizar la tutela de los derechos de propiedad y el patrimonio de quienes hoy quedan hipotecados y a la deriva, pues de lo contrario no se está resolviendo el problema sino haciendo más grande.
@terecarbajal