Hace una semana le platiqué el caso de la Caja mañosa, una caja de ahorros que a contentillo cambiaba a su socio la versión sobre lo que originalmente había ofrecido y los acuerdos que sobre la moratoria del pago iban tomando.
Le decía que no era bueno tomar las recomendaciones del prestador de servicios financieros, sin cuestionarlos, o hacer todo al pie de la letra sabiendo que hay interés económico de por medio, y esto a raíz del caso del médico que se vio en tratos con la Caja de ahorros del lugar.
Una vez transferido el importe de los ahorros, ahora le salieron con que “el sistema” no había autorizado la operación y que ya lo ‘caído caído’, pero que si en dos horas se juntaba otros cinco mil pesitos, podían volver a ingresar la solicitud de convenio al sistema y era posible que ahora sí se lo dieran.
Fue ante esa tremenda burla que el socio ahorrador decidió ir con un abogado que le ayudara a resolver el problema, y su primera búsqueda en internet le arrojó una alternativa que le despojó de más dinero, pero no le resolvió el problema porque esos abogados especializados que buscó, tan pronto recibieron el depósito de honorarios jamás volvieron a contestar ni aparecer.
Después de esa amarga experiencia y con todas las dudas, pero sobre todo desconfianza fue que llegó al Barzón, en donde la historia va diferente, va por buen camino.
Pues resulta que la caja fue citada a la Condusef, previa interposición de la reclamación y el trámite correspondiente; ahí el representante legal de la entidad compareció para rendir su informe y dar cuenta sobre el estado que guardaba la relación entre el usuario y su representada pues en uno de los informes que se allegaron al procedimiento, resultó que la caja había dado de baja como socio al ahorrador, por incumplimiento, dijo, de sus obligaciones como socio.
Sobre los ahorros que prácticamente le robó dijo que habían sido tomados en abono a la cuenta mayor, derivado de la autorización del usuario, pero sin que explicara a detalle –no le convenía- el engaño que había hecho para obtener esa autorización.
Ya ni le cuento de la cuenta, que para ese entonces iba de intereses y demás conceptos que se generan por una deuda con ellos. En resumen, impagable.
Así las cosas, fue que hasta ese momento se brindaron opciones razonables para poder establecer y llegar a acuerdos sobre los motivos de queja que se le presentaron a la Comisión; claro, porque no es lo mismo hacer lo que se les dé la gana a libre voluntad y engaño del usuario, que acudir con el acompañamiento ideal en estos casos, y dentro de un procedimiento administrativo ante la autoridad competente, del cual pueden derivar hasta sanciones en caso de omisiones o incumplimiento en las obligaciones que les corresponden.
Aun así, dentro del desarrollo de la audiencia de conciliación y casi para cerrar el acta que daría cuenta de los hechos y acuerdos ahí acontecidos, así como del informe que rindiera la parte reclamada, el apoderado de la institución pretendía variar e introducir cambios en lo ya acordado, bajo el argumento de notificaciones de último minuto por parte de su representada.
A lo cual se le orientó a fin de apegarse al procedimiento de poder dar solución definitiva y no confusa sobre lo estipulado. Al final cuando ya no se podía brincar ‘las trancas’ la representante de la caja se jugó su última carta pidiendo a quienes intervenían, que fuera el reclamante quien contestara si accedía o no a la petición de último momento formulada, pues decía, era solo un ‘requisito sin importancia’, un escrito llenado a mano en donde de algún modo se cambiaba la versión de los hechos y con la que había que tener cuidado.
Me dio confianza que al tomar la palabra el interesado dijo que no era su voluntad acceder a ninguna petición de la caja por su propia decisión enumerándole las razones por las cuales había llegado hasta ahí, con lo cual cerró esa cadena de abusos recuperando su valor y dignidad.
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@terecarbajal