DEBO NO NIEGO; PAGO LO JUSTO
Teresa Carbajal
Mujeres: violencia, discriminación y deudas
Es innegable que las mujeres somos nuevamente mayoría enfrentándonos al reto de salvar nuestro patrimonio y el de nuestros hijos, luchamos contra acreedores abusivos al mismo tiempo en que padecemos, atropellos judiciales, maltrato institucional y un restringido acceso a la justicia consecuencia de leyes obsoletas, organismos autónomos sin autonomía y defensorías sin dientes que dan lugar a la desprotección total de nuestros derechos humanos.
Al igual que en el año de mil novecientos noventa y cuatro, con el llamado “error de diciembre”, hoy nos toca vivir una de las peores crisis económicas a las que nuestro país se ha enfrentado; y al igual que ayer, no importa de quien sea el error, los destinatarios de las consecuencias somos los mismos, personas de bajos ingresos, que tienen necesidad de solicitar créditos para financiar, su casa, su negocio, su auto, incluso la despensa, por una sencilla razón: vamos al día.
Apenas esta semana dimos a conocer el caso de “Martha” nombre usado para resguardar su identidad, médica jubilada del IMSS, cuya pensión fue embargada por orden judicial para entregarla a un usurero en un porcentaje que el propio Instituto de Seguridad Social justificó como ‘pensión alimenticia’ al no existir asidero legal, para tan vil atropello; lo más reprochable del caso fue que aparte de ello se pidió el arresto de Martha, pues el usurero no estaba satisfecho con el parcial descuento del sesenta por ciento que se le obsequió.
La semana pasada “Juana”, nombre usado para proteger su identidad sufrió el arrebato (del cincuenta por ciento de los derechos que le correspondían) de su vivienda en un remate judicial, por un postor, inversionista, o coyote, que aprovechando la oferta compraba la propiedad en apenas las dos terceras partes de su valor, pues Juana no tuvo la posibilidad de reunir el dinero que se requería para pagar la deuda de la hipoteca, que derivado de un divorcio se dejó de pagar.
También está el caso de “Miriam”, nombre falso usado para proteger su verdadera identidad, quien afectada por la crisis del covid y el cierre de su negocio, no pudo seguir pagando la mensualidad de su hipoteca, completando apenas diez de los quince años que se comprometió a pagar, 10 años en los que apenas si restó menos del diez por ciento del capital prestado y lo demás se fue a intereses, porque al contratar su crédito, el banco ‘maquilló’ una tasa baja de interés anual en el nueve por ciento (9%) ocultando lo leonino del contrato en que el valor de la deuda se pactó en veces el salario mínimo (VSM) elevándose esta con cada incremento.
Unas semanas antes, cuando se desmanteló la banda de “montadeudas” en Ciudad de México, como se les conoce a las aplicaciones móviles que por pequeños préstamos en efectivo robaron la paz y la intimidad a sus clientes, mediante fraudes y extorsiones que fueron posibles, pues éstos dieron permiso a la inteligencia (ciberdelincuencia) para acceder a su información y datos personales; se dio a conocer que el setenta por ciento de las afectadas fueron mujeres.
Podríamos poner más ejemplos, los hay, pero quizá ayude a resumir señalar que dos de cada tres personas en situación de deuda que esperan justicia son mujeres, aparte de la idea de los moños naranja el día 25 ¿En dónde están las féminas, sororas, solidarias, que hoy se han encumbrado en Veracruz, quizá a costa del dolor y la bandera que tomaron de las víctimas?, ¿qué han hecho con esa promesa de representarnos en los círculos de poder en los que se desenvuelven como titulares en órganos autónomos, que hoy lo que menos tienen es autonomía?, ¿en dónde las legisladoras volteando a ver a sus electoras?
Que sea una mujer la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, verdaderamente nos ha beneficiado a las mujeres ¿nos ha significado una diferencia positiva en la mejora de impartición de justicia?
Mientras Martha, Juana, Miriam y todas aquellas mujeres veracruzanas, trabajadoras o pensionadas, no tengan justicia, protección, seguridad jurídica, tutela, reconocimiento y la garantía del goce pleno de sus derechos humanos no dejaremos de luchar, de denunciar, de exigir, de ampararlas, desde la misma sociedad civil organizada.
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