El caso de F&G del Golfo sigue dando de qué hablar, no solo por los reclamos que a diario van subiendo de tono, sino por las esperanzas que han depositado las víctimas en los tribunales en donde se sigue actualmente un proceso de orden penal en contra de los empleados.
Aunado a ello, llama la atención y se cuestiona el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor, por la operación de la empresa acusada de obtener dinero por la venta de autos que nunca entregaba, y cuyas quejas comenzaron a llegar a la procuraduría desde hace por lo menos dos años.
Ahora, mediante dos comunicados recientes enviados por la procuraduría se da un informe a la opinión pública respecto a los hechos, en lo medular reseña que se trata de 48 quejas las que han recibido durante este año y hasta el pasado 26 de agosto, cuando son más de cien (y miles, según cuentas las redes sociales), de las que se ha tenido conocimiento por los manifestantes que en días pasados acudieron al domicilio en donde opera la empresa de autos, para hacer un “cierre simbólico” y ‘detención’ de las personas que laboran en dicha oficina.
Explica la oficina de defensa del consumidor que suscribe el comunicado, (ODECO) Zona Golfo Centro que solo en 6 casos se dio satisfacción a las quejas presentadas, mientras que en 11 se han dejado a salvo los derechos.
Esto último qué significa, pues que los consumidores quejosos no obtuvieron en esta instancia la respuesta que esperaban a su reclamo, y seguramente optaron por ejercer su derecho en diferente vía.
Y resume que son 25 los casos que aún se encuentra en etapa de conciliación, pues en seis más los consumidores se desistieron de sus quejas.
Advierte la Procuraduría que se seguirán recibiendo las denuncias en contra de este proveedor (y de otros) que se presenten a través de medios institucionales; y eso qué quiere decir, pues que las denuncias, reclamos y reproches que se hagan por redes sociales como Facebook, no cuentan.
Así que por cuanto hace a este punto, destaco para usted, amable lector, que si resultó agraviado con los hechos, pues lo recomendable es que se acerque a esa oficina domiciliada en el puerto de Veracruz, para que aparezca en la estadística, de lo contrario no será considerado. Eso sí, prepárese para salir enojado.
Al final del comunicado se lee la recomendación, a modo de recordatorio, a los consumidores sobre la importancia de hacer valer sus derechos a la información, a la educación, a elegir, a la seguridad y calidad, a la no discriminación a la compensación y a la protección.
Lo que para términos prácticos si hubiera estado bien que lo explicaran, porque en todo caso ¿no se supone que es la procuraduría la encargada de garantizar que toda esa lista de buenos deseos que enumeran sean palpables, realizables y posibles para los consumidores?
Bueno, si yo tuviera la oportunidad de entrevistar al encargado de esa oficina cuya misión es la procuración y la defensa del consumidor, me gustaría preguntarle si en los años que han tenido conocimiento de los hechos que los consumidores, han ido a enterarle hasta su puerta, sobre la forma de operar de esta empresa, no habían encontrado elementos para proceder a la verificación de la misma.
Es decir, para verificar si su comportamiento comercial se ajustaba a la norma establecida por la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Y si no fue así, si hoy, a virtud de estas tantas denuncias se considera que la actuación de la empresa es legal y debe seguir. Es decir, si no se ha ordenado alguna visita de verificación, o si existe en trámite algún procedimiento en su contra.
Quizá sea mucho pedir, o quizá lo desconozco, pero hasta cuándo se le permitirá operar a la empresa si fuera el caso de que haya puesto en riesgo la economía de las personas, o si su actuar en torno a los hechos debe ceñirse a una recomendación a los consumidores caídos en desgracia; que por cierto debió hacerse desde hace mucho tiempo. Desde que comenzaron las quejas.
Es decir, habrá algo, dichos, palabras o acciones, que fueran más alentadoras sobre la confianza que debemos tener los ciudadanos en la procuraduría, o que nos lleve a considerar o a justificar la falta de acción por parte de esa oficina a su cargo.
Ha resultado más categórico (y preocupante) el pronunciamiento del representante de la empresa, quien sostiene que su representada ha actuado en todo momento de manera legal y apegada a derecho.
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@terecarbajal